Las millonarias pensiones de los violadores de derechos humanos: proyecto que degrada a uniformados no toca su plata

30/07/2015
El Congreso está agitado con las revelaciones del Caso Quemados. Con ello piden se ponga urgencia a la iniciativa que busca la degradación de los involucrados en causas de delitos de lesa humanidad. Las sanciones, además de moral, tiene consecuencias prácticas, pero no se refiere a los intereses que cultivan con los sueldos pagados por todos los chilenos.
Es una necesidad que Chile añora. A pesar de haber decenas de procesos por violaciones a los derechos humanos que involucran a uniformados, éstos siguen gozando de los beneficios propios de las Fuerzas Armadas. Es por eso que la bancada de la DC, junto a otros diputados, pidieron que se le de urgencia al proyecto presentado en julio de 2010 (Boletín 7070-17 ) que busca degradación militar de los uniformados involucrados en crímenes de lesa humanidad, pero que duerme en el Congreso.

La misma solicitud hizo la senadora Isabel Allende (PS), quien recalcó que “obviamente no pueden ostentar ni los títulos de generales ni medallas. Ojalá el Gobierno le ponga urgencia y también solicitamos que haya una revisión más exhaustiva, porque me parece inaceptable que gente que estuvo comprometida en esas gravísimas violaciones tenga remuneraciones, tenga cargos o esté actualmente en la institución del Ejército”.

El proyecto que buscan acelerar los diputados, modifica el Artículo 222 que sanciona a los militares que cometan crímenes de lesa humanidad. Ello implica: “privación del grado y del derecho a usar uniforme, insignias, distintivos, condecoraciones o medallas militares, el retiro absoluto de la Institución, la incapacidad absoluta y perpetua para servir en el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros, la pérdida a perpetuidad de todos los derechos políticos activos y pasivos, y la incapacidad para desempeñar, a perpetuidad, cargos, empleos y oficios públicos”.

Sin embargo, el proyecto dice buscar que se aplique la degradación tal y como dicta el artículo 228 del Código de Justicia Militar. Por ello, la previsión de los uniformados no se tocaría, es decir, los condenados por crímenes de lesa humanidad recibirían sueldos correspondientes a sus años de servicio.

Anteriormente, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), había informado que los oficiales del Ejército jubilados en diciembre de 2012 perciben una pensión mensual que promedia $1.483.597; los de la Armada, $1.600.612 y los de la Fuerza Aérea, $1.567.431. En tanto, quienes se jubilan como suboficiales del Ejército perciben en promedio $659.610; en la Armada, $554.178; y en la FACH, $668.571.

La derecha lo frenó

El diputado Sergio Ojeda (DC), férreo defensor de los derechos humanos durante la dictadura, lamentó que hayan tenido que pasar más de cinco años para que se le dé la importancia necesaria al proyecto que busca “sancionar de verdad” a los uniformados que atacaron a miles de chilenos durante la época de dictadura.

En conversación con Cambio21, explicó que el proyecto que fue “frenado” por la derecha, duerme en el Congreso, pero que el actual momento “crítico en materia de derechos humanos”, da una importante oportunidad de concretar una nueva ley.

Ojeda dice que “no sabe” si debe afectar a la previsión de los uniformados, pero sí “tiene que tener efecto en la nominación al grado correspondiente. Es un proyecto rezagado, que no se le da la importancia necesaria en la comisiones y quedan ahí y que ha frenado la oposición”.

Derechos humanos de sus violadores

Por su parte, el experto en temas previsionales, Ricardo Ormazábal, apuntó que constitucionalmente es imposible que a los uniformados se les prive de sus jubilaciones. El experto apunta a una ironía: es un derecho humano

“En la Constitución hay una norma que establece que la sanción que puede tener y las penas que pueden tener a algunas personas, no pueden afectar los derechos previsionales (…) entre otras cosas, porque se considera como un derecho humano, las pensiones y la seguridad social en el área de derecho económico y social”, dijo a Cambio21.

Como familiar de víctima de la dictadura

El diputado socialista, Fidel Espinoza, cuyo padre fue asesinado durante la dictadura de Augusto Pinochet, tiene una dura visión sobre el proyecto, que a la vez considera como necesario. “De dulce y de agraz. A 25 años estamos discutiendo un proyecto que deberia haber sido parte de un país que tiene que cumplir con la condena a delitos a los derechos humanos. Trabajamos según la contingencia y eso no me gusta. Es inconcebible que estos señóres sigan gozando de tantos privilegios.

“Como familiar de víctima de violación a los derechos humanos, no me gusta”, agregó el parlamentario.

Sobre el pago millonario de pensiones (cabe recordar que el promedio de un civil es inferior a un sueldo mínimo) que reciben los uniformados, a pesar de ser condenados por violaciones a los derechos humanos, “es un privilegio, en otros países no ocurre, en otros países también se suspenden sus millonarias pensiones. Muchos de esos recursos podrían ser para la educación de tanta gente que no tiene acceso y tantas otras materias”.

“Es paradojal. Considero que no tiene ningún sentido sin que haya condena para los que han sido condenados. Si siguen recibiendo millonarias pensiones, me parece indigno”, concluyó Espinoza.

*Fuente: Cambio21

 

 

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