¡Sepulcros Blanqueados!

Viernes 6 de febrero 2015
No tengo la intención  de asumirme como un promotor del aborto. Prefiero mil veces la causa de la vida y de la dignidad que debemos reconocerle a quienes pueden llegar a nacer. Sin embargo, me parece muy justo que se discuta y se decida despenalizar a quienes interrumpen el desarrollo de un feto si éste pone en peligro la existencia de la madre, no es viable según diagnóstico y pronóstico médico, o ha sido fruto de una violación. Entiendo que en estas tres situaciones pueda haber puntos de vista distintos y que éstas deban acreditarse debidamente en cada caso, pero de lo que no tengo duda es que,  a la aflicción que casi siempre supone a las mujeres interrumpir su embarazo, sería un acto de inhumanidad  mantener una sanción penal como la que todavía existe en nuestra legislación.

Considero saludable que la sociedad chilena discuta sobre un tema importante y demandante y que, entre otras cosas, se avance en  superar las hipocresías consolidadas al respecto, cuando es  tan indiscutible que existen clínicas, consultorios, médicos, practicantes y enfermeras que hasta lucran de los abortos que por miles se realizan todos los años, pese a las prohibiciones establecidas. El mismo hecho de que haya tan baja mortalidad entre las mujeres que interrumpen su embarazo prueba que gran parte de ellas se interviene en recintos idóneos para este tipo de cirugías, salvo las que son muy pobres o indigentes y cuya situación difiere tanto de las que tienen recursos. Tal como ocurre, por lo demás, con el ejercicio de todos los derechos sociales. Puedo llegar a valorar que se trate de un acto noble y ejemplar el de aquellas mujeres violadas que prefieran dar a luz, criar o entregar en adopción a los hijos nacidos de tan abominable agresión, pero no podría sumarme a la insensibilidad y falta de caridad de quienes quieren que se castigue a  las mujeres que decidan desprenderse de un ser para nada deseado, viable y que amenace la vida de quien lo tiene en su vientre.

Pero más allá del aborto, me parece repugnante la actitud de quienes buscan hacer de este tema  la posibilidad de obtener dividendos políticos, luego de la decisión del Gobierno de proponer una ley y estimular la discusión nacional y parlamentaria. No puede sino escandalizarme que quienes se oponen  tan tenazmente al proyecto del Ejecutivo sean curiosamente muchos de los cuales alentaron el terrorismo de estado, promovieron las ejecuciones sumarias, la tortura y la desaparición de personas durante la Dictadura. Que avalaron por años los asaltos a las poblaciones marginales donde yo mismo fui testigo de la forma en que se acribilló a mujeres y niños. Siempre recordaré como una de las imágenes más duras de mi trayectoria periodística la de aquella joven embarazada que llegó a la Morgue con su vientre abierto por una bayoneta militar.

Ciertamente que cuando se produjo el Golpe y en los largos años que lo justificaron no había en muchos de estos nuevos  “defensores de la vida” consideración alguna por la existencia y dignidad humana, como que hasta ahora un desalmado diputado de la República consigue rendir en el Parlamento un homenaje al Tirano y cuente, para ello, incluso, con la condescendencia de la Mesa de su Corporación. Habría que preguntarse si estos mismos personajes no serán parte de los mismos que consienten discretamente con el aborto de sus hijas y hermanas en regias y onerosas clínicas privadas,  a objeto de salvar las apariencias, de las cuales viven y se hacen distinguir socialmente. No veo compatible la defensa de la vida en quienes alentaron los campos de concentración y propician la impunidad para los más feroces asesinos de nuestra historia. Ni tampoco entiendo que haya una causa humanitaria en los que hacen la vista gorda respecto de prácticas abominables para el derecho a la vida, como la reiterada colusión de las farmacias y laboratorios. Cuando el resultado de ello se traduce en enfermos que mueren a diario por la imposibilidad de tratarse. En niños que por falta de atención médica y fármacos muchas veces  ven truncadas sus vidas después de que nacen.

Bochornosa nos parece, en particular, la desafiante actitud del obispo Ezzati y otros “religiosos” en la promoción de que sus feligreses se opongan a todo debate y se movilicen en contra de la iniciativa gubernamental. Se trata de la doble moral, sin duda, de algunos pastores que ocultaron las depravaciones sacerdotales en contra de los niños y jóvenes;  que pasaron por alto las denuncias en contra de los Karadima, los O´ Reilly y otros degenerados a objeto de salvar el prestigio de sus congregaciones, parroquias y establecimientos educacionales o, como se sospecha, allegar más recursos a las arcas de la Iglesia. De clérigos que permitieron la compraventa de recién nacidos a cambio de las donaciones que recibían de aquellos padres  que querían salvar su honor y hasta la presunción de virginidad de las jóvenes embarazadas. Que, incluso, llegaron a celebrar misas fúnebres para convencer a las madres atribuladas de que sus hijos habían nacido muertos cuando, en realidad, ellos mismos los habían transado en el mercado de la adopción internacional.

Como ¡sepulcros blanqueados! habría tildado el mismo Cristo a estos fariseos de hoy, que todos los días en nuestro país siguen borrando todo vestigio de esa Iglesia Católica que fue señera y ejemplar en  la defensa efectiva de la vida y los Derechos Humanos. Una “raza de víboras” que se está acostumbrando a intervenir de la forma más grosera y antidemocrática en la política, en la defensa del lucro y  la discriminación social, de las que hacen gala precisamente sus colegios y universidades de elite.

Vaya que sería bueno que el Papa Francisco tomara conocimiento de estas actitudes y haga algo por enderezar el rumbo de ciertos obispos que en vez de defender sus convicciones se muestran mucho más inclinados a lacerar a los “pecadores”, que condenar a los supuestos pecados. Al mismo tiempo que resolviera restituirle a  la Iglesia chilena la posibilidad de tener un pastor que sea hijo efectivo de esta nación y de su cultura.

Por cierto que las distintas denominaciones religiosas deben gozar de todos los derechos para intervenir en este debate e incluso reclamar la autonomía de sus instituciones para difundir y practicar sus convicciones. Pésimo nos parecería que al fundamentalismo religioso se le opusiera la prepotencia oficial y que en un asunto como el aborto terapéutico no se acepte la posibilidad de que los profesionales de la salud  puedan oponer cláusulas de conciencia, como la que hoy existen, por ejemplo,  para resistirse al  servicio militar y la guerra. Pero otra cosa muy distinta es la pretensión de algunos de que las leyes canónigas se hagan anteriores a las leyes de la República.

Jerarca de una Iglesia monárquica, anquilosada e intolerante, el obispo Ezzati ni siquiera ha sido capaz de llevar esta discusión al interior de la Iglesia, en la que se consideren las ideas y experiencias de los laicos, de los jóvenes y, por cierto, de la mujeres. De forma tal que con ellas se edifique la “voz del pueblo”  que, según siempre se proclama, debiera ser “la voz de Dios”.

El autor, Juan Pablo Cárdenas Squella , es periodista y académico chileno, Premio Nacional de Periodismo de Chile en 2005 y actual Director de la Radio de la Universidad de Chile.

*Fuente: Radio de la U de Chile

 

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  • En Chile lo primordial no es la prohibición del aborto en sí mismo, tampoco que la educación sea privada, que el desempleo nos amenace constantemente como asalariados, que la economía esté al servicio de unos cuantos o que el autoritarismo congénito y estructural de nuestro régimen sea una realidad que ya no pueda simularse. La auténtica tragedia es la hipocresía del gobierno en particular y de la derecha duopólica en general para abordar y sistematizar estos asuntos y dramas con los que tenemos que convivir y lidiar cada día.

    En el caso del aborto la “reforma” de esta pretendida “Nueva Mayoría” nunca lo planteó como el derecho de la mujer a disponer libremente de su cuerpo; más bien nuestras compañeras son estigmatizadas a través de una moral religiosa que no tiene porqué ser impuesta a los no creyentes siendo que se supondría que Chile es un país laico. Lo mismo pasa con los cambios en la educación: en ningún momento se habló de un sistema educativo público de calidad, gratuito, inclusivo y democrático. Es el carácter de este gobierno hablar con tibieza, con ligereza e hipocresía, mentir y tergiversar los hechos: lo que se busca es cautivar los votos femeninos, de los estudiantes o trabajadores a bajo costo, prescindiendo del debate serio, responsable, informado y participativo.