El nombramiento de la Subsecretaria de Defensa. Impunidad con los crímenes de lesa humanidad

Pareciera que la impunidad intentara hacernos olvidar que la justicia es un derecho humano, en éste caso no solo se trata del castigo a criminales de derechos humanos, es también una cuestión que tiene que ver con el respeto y el reconocimiento de los sufrimientos de las víctimas, para los cuales en muchos casos, este reconocimiento es una parte esencial de su proceso de rehabilitación.

Esta reflexión va directo al problema que nos afecta hoy como país, que es la persistencia de la impunidad para cientos de autores e instigadores, o  cómplices de crímenes de lesa humanidad. Es necesario recordar, que aquellos que cometieron tales actos, son individuos que abusaron del poder y que fueron parte y ejecutores de una política de Estado diseñada para reprimir, torturar, asesinar y perseguir.

Por lo tanto la gravedad de los actos cometidos no se pueden borrar con los años, convirtiendo a los genocidas y a sus cómplices, que apoyaron y guardaron silencio ante el asesinato de chilenos y chilenas, porque estos fueron considerados enemigos o marxistas, en personas justas y gentiles. Por el contrario, hoy mas que nunca es necesario identificarlos e insistir su condena ante la justicia.

En este contexto quienes nos opusimos al golpe cívico militar de 1973 y quienes entregamos parte importante de nuestra vida en una lucha frontal y clandestina en contra de la dictadura, sentimos como una ofensa el nombramiento de la hija de un torturador como Subsecretaria de Defensa Nacional. Esta claro que los hijos e hijas no pueden ni deben arrastrar con las culpas de sus padres, pero en este caso, la exigencia básica que un funcionario de gobierno debe cumplir para asumir un cargo publico, es su compromiso explicito con el respeto a los DDHH de todos los ciudadanos.

Mas aun si se trata, como en este caso, de una Subsecretaría vinculada a las FFAA, instituciones que cobijan entre sus filas a individuos que con distintos rangos militares, en servicio activo y en retiro, fueron violadores de los DDHH y ejecutores o cómplices de crímenes de lesa humanidad. Una situación que obliga a quien asuma en este cargo de gobierno a manifestar su compromiso con la justicia, con la memoria histórica, con las familias de detenidos desaparecidos y con la determinación de no permitir la impunidad.

Quienes apoyan el nombramiento de la hija del Coronel Víctor Echeverría, argumentan que este sujeto no tiene casos pendientes con la justicia, desconociendo los testimonios de afectados directos de los malos tratos y vejaciones que este delincuente cometió en contra de chilenos y chilenas. Además de intentar desconocer la acusación que ex Marinos Constitucionalistas le hacen directamente a Carolina Echeverría, de que fueron presionados por ella, cuando era subsecretaría de Marina en 2009, para que retiraran las querellas interpuestas en contra de la Armada a cambio de acceder a pensiones.

Decisiones aberrantes como estas, son las que protegen a cientos de violadores y cómplices de violaciones a los Derechos Humanos y que les permiten seguir enquistados en los principales poderes del estado, entre el empresariado, en las propias FFAA. Una situación que forma parte de los poderes fácticos que se construyeron gracias a la ambigüedad y a la cobardía de quienes en su momento conciliaron intereses con la dictadura terrorista de Pinochet y que impidieron con distintos argumentos hasta el enjuiciamiento del propio dictador.

Los argumentos de la señora Echeverría y de quienes la designan como una autoridad del Estado, en el sentido de que el ex Coronel torturador no tiene casos pendientes con la justicia, olvidan que en el Chile de la dictadura el sistema judicial, estaba impregnado por la ideología terrorista que impuso el gobierno cívico militar de Pinochet. Por tanto desconocen que la justicia no escapaba a los mecanismos de presión, que le exigía la impunidad para los militares y civiles involucrados en la persecución política y la represión: Unas circunstancias históricas en las cuales el  régimen dictatorial tuvo en el Poder Judicial, un aliado que impidió se actuara firmemente contra los abusos del poder dictatorial.

Por ello no es circunstancial el hecho de que la impunidad sea hoy en el 2014 un fenómeno actual, por el contrario, es un síntoma creado y la causa a la vez de la repetición de violaciones de derechos humanos en el futuro. La ley de amnistía de 1978 y todo el secretismo que aún rodea las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que impide el conocimiento ciudadano de su propia historia son la prueba mas clara de ello.

En este contexto, la persecución obligatoria de los crímenes de lesa humanidad, al cual adherimos, es un principio del derecho internacional, perseguir y castigar. La penalización individual del crimen de lesa humanidad requiere el castigo individual, tal como lo reconocen la Convención contra el Genocidio y muchos otros instrumentos.

Hacerlo es una tarea que no debe concluir porque un crimen sin castigo tarde o temprano, por la presión política y de múltiples intereses, perderá su carácter de crimen. Son muchos los casos en América Latina y en el mundo en la que responsables de graves violaciones de derechos humanos bajo sistemas de terrorismo de Estado, han sido olvidados o exculpados.

Cada víctima de los terroristas de Pinochet, el respeto hacia ellos  amerita el esfuerzo de encontrar a la persona o personas que convirtieron a hombres, mujeres y niños inocentes en mártires, simplemente porque fueron considerados “enemigos”. Ignorar los atroces actos de estas personas, es una traición a los que padecieron ese sufrimiento y a quienes dieron sus vidas por reconquistar la democracia que hoy disfrutamos todos.

Y no se trata de venganza sino que de justicia, la continua persecución de los criminales envía un mensaje vital acerca de la importancia de aceptar las consecuencias de sus actos. Si queremos prevenir genocidios como los que vivimos en nuestro país, la misión debe ser  clara, las personas que cometieron ( y cometen )estos crímenes deben ser apresados y castigados.

Lo anterior porque los juicios y el castigo a los terroristas de Estado de Pinochet, son una herramienta de suma importancia en la lucha actual contra la negación y la distorsión de la información, que múltiples interesados intentan hacer resurgir a diario. Por esa razón la educación transparente de lo que paso, de la memoria histórica, de no olvidar el pasado, es crucial para que las nuevas generaciones entiendan que lo sucedido fue una tragedia causada por una dictadura y llevada a cabo, por un grupo de individuos con el mandato de esta, en contra de su propia sociedad.

Por eso es que llamamos a la Presidenta Michelle Bachelet a reconsiderar el nombramiento de Carolina Echeverría como Subsecretaria de Defensa, al mismo tiempo que solidarizamos con las denuncias presentadas por quienes fueron las victimas directas del ex Coronel torturador Víctor Echeverría Henríquez.

Quienes votaron por la Nueva Mayoría lo hicieron esperando un cambio y no mas de lo mismo, eligieron un gobierno en el cual el respeto de los derechos fundamentales de las personas sea el eje de su gestión y con  un compromiso explicito de justicia para con las victimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado.

Los Militares Patriotas, quienes nos opusimos al golpe cívico militar y no obedecimos ordenes para reprimir a nuestro pueblo, con el patrimonio moral que nos antecede planteamos:

¡Que se elimine el estado de guerra que ampara a los civiles y militares que planificaron y ejecutaron el golpe cívico militar de 1973!.

¡Que se eliminen las condecoraciones entregadas a civiles y militares por su participación en la guerra inexistente en contra del marxismo en Chile!

¡Que los tribunales de justicia declaren ilegales los consejos de guerra creados para  juzgar, encarcelar, exiliar o asesinar a Chilenos y Chilenas!.

¡Que la Justicia juzgue y expulse de las FFAA a quienes torturaron y asesinaron a compatriotas y que son probadamente autores de crímenes de lesa humanidad¡.

¡Que la justicia rompa el cobarde pacto  de silencio de las FFAA que protege a violadores de DDHH y culpables de crímenes de lesa humanidad!.

¡Que se individualice y juzgue a los Oficiales y Suboficiales del ejercito que estuvieron a cargo o actuaron de carceleros en los distintos campos  de concentración y de exterminio!.

El autor, Enrique Villanueva M., es Vicepresidente CEEFA-73 (Centro  de Estudios Exonerados Fuerza Aérea 1973)

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  • Mario Céspedes

    Qué obliga a la presidenta electa a nombrar precisamente en la Subsecretaria de Defensa a una persona en cuya defensa no se dice “Es una persona con un alto sentido de la ética” sino que se dice “Los hijos no tienen por qué pagar por los padres” o bien “Pero si su papa no tiene ningun proceso en curso”. Qué hay de verdad en lo que afirman ciertos marinos que esta dama les exigio que retiraran las demandas contra la Armada como condicion para que recibieran sus pensiones a las que tenian derecho por haber trabajado toda la vida?

    Si la doctora Bachelet no da una explicacion clara e indiscutible los chilenos, especialmente los familiares y amigos de asesinados, detenidos desaparecidos, torturados, exonerados y exiliados, es decir miles de chilenos, podemos ponernos a imaginar cuantos acuerdos entre los pinochetistas civiles y militares y la “Nueva” mayoria, de qué importancia y de qué materias, estan todavia influyendo decisivamente en la vida del pais. Todos sabemos que estos acuerdos, a espaldas de la poblacion, existieron en 1989-90 entre Pinochet y la Concertacion. También sabemos que en la Nueva mayoria estan en actividad numerosos personajes que como miembros de la Concertacion aprobaron o aceptaron esos acuerdos.

    Si se piensa que se trata de las Fuerzas Armadas, institucion ejecutante del golpe de Estado y su larga lista de atropellos a los Derechos Humanos, condenados internacionalmente, se puede apreciar la gravedad de la pregunta que los millones de no-pinochetistas quisieramos poder responder con claridad y seguridad : Es hoy Chile un pais democratico que respeta los Derechos Humanos ? O estamos aun en democratura, es decir, una situacion intermedia entre democracia y dictadura ? Las Fuerzas Armadas chilenas (es decir, costeadas con los impuestos de todos los chilenos) son una institucion sometida al poder civil o que impone sus propias condiciones ?

    piensaChile publico hace algunos dias el informe de un psiquiatra reconocido que después de trabajar muchos años con chilenos de todas las clases sociales y haber hecho investigaciones afirma que “Chile es un pais brutalmente enfermo”, que el suicidio es mas importante que en los otros paises, que la depresion es claramente mas importante que en los otros paises.

    Como la presidente electa es médico podemos pedirle que nos aporte una respuesta que nos convenza que estamos en democracia, que el ejecutivo y el legislativo que elegimos van a protegernos, que el poder judicial va efectivamente hacer Justicia con respecto a los hechores y con respecto a las victimas. Es indudable que esta respuesta, mantenida a lo largo de los 4 años, es susceptible de mejorar la salud psico-social de los chilenos, de disminuir la tasa excesiva de suicidios y de depresion que nos aflige.