Michelle Bachelet: ¿continuismo o transformación?

El nuevo Gobierno chileno entrará en la historia del siglo XXI con mucha fuerza, ya sea por su papel progresivo en la escena internacional, la actuación interna soberana o su definitiva continuación total del modelo… lo que es improbable por razones objetivas. Sin embargo, no pasará desapercibido ya sea por sus aciertos en la autodeterminación del país o por sus errores en la afirmación de un modelo neoliberal agresivo iniciado por Chile y aplicado en gran parte del subcontinente, siendo casi el último país que lo sigue defendiendo en gran parte de sus cimientos, coincidiendo con naciones sin autonomía y cuyos presidentes o Congresos están presos de la visión imperial.
Chile, desde el ascenso a la democracia nuevamente a fines del siglo pasado, fundó su desarrollo en continuar el modelo neoliberal, situación comprensible en una primera etapa porque sus dirigentes tuvieron racional temor del regreso a la dictadura o producto de una visión aceptada como conveniente, y más tarde porque sirvió para dar ‘estabilidad’ a la sociedad, transformación que hoy un sector importante del pueblo reclama ya.
No se puede olvidar que esta nación fue un ejemplo de un proceso de transición al socialismo por la vía electoral, no armada, destrozado en 1973 por un golpe militar en complicidad con una élite civil. Fue un ‘ejemplo’ también sobre cómo destruir todos los proyectos de América Latina con carácter soberano en la medida que se descubrió la aplicación perversa de tres factores: provocar crisis económica en el país seleccionado junto a un desabastecimiento inclemente, interiorizar en la población una sensación de guerra civil inminente donde las movilizaciones fueran sinónimo de destrucción social («ingobernabilidad»), emplear al extremo los medios creando concientización y condiciones para el suceso bélico. Naturalmente se contaba con Fuerzas Armadas entrenadas en la Escuela de las Américas, centro de ideologización del régimen estadounidense desde donde se construía la política de seguridad nacional, respaldados por un sector prominente de líderes de la banca, empresariales, gremiales, cuyo patrimonio estaba en peligro. No se puede desconocer que producto de las condiciones internas de desestabilización un sector considerable de la población deseaba el fin de este proceso en Chile.
El resultado fue similar a Irak: no se descubrieron las armas químicas ni, en este caso, los 100.000 guerrilleros fuertemente armados y decididos a establecer la dictadura del proletariado para encarcelar el pensamiento libre y matar las aspiraciones de la santidad perpetua. Lo que sí se encontró fue un pueblo desarmado, sin una alta organización estratégica, al que fácilmente se pudo aplicar lo aprehendido en el norte. El heroísmo fue el símbolo de la resistencia.
La dictadura tuvo todas las atribuciones para implementar el modelo neoliberal y hacer del principio de subsidiariedad su fundamento integral, pues según este todo lo que pueda ser adquirido por particulares es conveniente y casi obligatorio hacerlo. Dicho mecanismo abrió la oportunidad de entregar la previsión social de los chilenos, sus ahorros, el comercio, los mares, las carreteras, la vivienda, a sectores de élite que llevaron a estos empresarios, por primera vez, a estar en las listas de los millonarios del mundo como hoy queda aclarado. Paradójicamente el cobre no fue subastado.
Sin embargo, la represión y el temor, instrumentos ampliamente utilizados, fueron sobrepasados por una fuerte conciencia y movilización de sectores trabajadores e intelectuales comprometidos con cambios profundos, apoyados por el pueblo mismo, otros sagazmente vinculados a la recuperación de privilegios, junto a aquellos que esperaban obtener un papel destacado en el concierto nacional, todos en una confluencia que condujo a una cada vez más resuelta posición de rechazo a la dictadura. En 1988, se sometió a plebiscito la continuación del régimen, lo cual fue negado, y se abrió el espacio democrático nuevamente aunque el modelo neoliberal implantado con la fuerza de las armas continuó en gran medida, esta vez con el poder del Parlamento, el cual admitió su sostenimiento y el desarrollo del mercado conduciendo a la privatización de la sociedad y el auge del modernismo basado en el comercio, con una reducción considerable del rol estatal.
El 17 de noviembre de 2013, después de más de dos décadas ininterrumpidas de vida funcional, se presenta una nueva elección presidencial y parlamentaria entre los dos grupos tradicionales en disputa: la Alianza-Derecha, combinación de los partidos UDI con Renovación Nacional, y la Nueva Mayoría (N.M.), convergencia de la Concertación (Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical), más el Partido Comunista. Además participan siete candidatos que no corresponden a estos sectores.
Los resultados planteados para esta nueva elección parecen ser los mismos en primera vuelta, y segunda, si se produce: Michelle Bachelet (N.M.), ganadora, seguida de Evelyn Matthei (Alianza).
El programa de la Nueva Mayoría 
Obviamente es imposible negar avances en la sociedad aunque lo que resta es inmenso, ya que es poner al país en el verdadero camino del desarrollo sostenible con proyectos que verdaderamente así lo permitan en la medida que se logre la equicracia.
El programa tiene un corte propositivo proponiendo abrir un ciclo histórico (lo que implicaría cambios sustanciales), soportado en el fortalecimiento del papel del Estado que contribuiría a la participación democrática, cuyos tres ejes son reforma a la educación, reforma tributaria y la nueva Constitución.
La educación se propone pública, gratuita, de calidad, que abarca todos los niveles (parvularia, general, superior universitaria y técnica profesional), sin lucro e integradora, cuya gratuidad en el nivel universitario se llevaría a cabo de forma gradual en un plazo de seis años. El Estado continuaría respetando la existencia de un sistema educativo mixto (colegios que reciban recursos públicos no podrían cobrar aranceles a sus alumnos) y eliminar paulatinamente el copago en los colegios. Axiomáticamente se contempla la finalización de la educación de mercado y consolidar una nueva institucionalidad que administre escuelas y liceos, llevando a la desmunicipalización de la educación. Sumado a ello, dos nuevas universidades regionales y la presencia de un Centro de Formación Técnica público en cada una de las regiones del país.
En cuanto a la reforma tributaria buscaría aumentar en unos 8.000 millones de dólares, equivalentes a tres puntos del PIB, la recaudación fiscal («los que tienen más pagan más»), obteniéndose un 2,5 de los cambios propuestos en la estructura tributaria y el restante, 0,5, de mecanismos para impedir la evasión.
La necesidad de una nueva Constitución para reformar al Estado considera necesario agotar la vía legislativa por un camino democrático, institucional y participativo a través del Congreso Nacional, dejando entrever que la Asamblea Constituyente sería una probabilidad posterior.
En el campo del trabajo se establece la negociación colectiva con titularidad sindical, el fin del ‘multirut’ de las empresas, desapareciendo la figura del esquirol (reemplazo durante la huelga), fortaleciendo los sindicatos. También el programa propugna crear 650.000 puestos de trabajo en cuatro años y decretar un salario mínimo de 250.000 pesos mensuales (500 dólares aproximadamente).
La creación de una AFP estatal es otro de los puntos claves contenidos en el programa de Michelle Bachelet. En el área ecoambiental, donde se han presentado conflictos recurrentes, existe el compromiso durante los 100 primeros días del mandato de efectuar un estudio con el fin de redactar el Plan Especial de Desarrollo de las Zonas Extremas, definir acciones para entregar poder a las regiones, además de aumentar los recursos para programas de inversión e innovación. Frente al conflicto con Termoeléctricas, se consolidaría el Plan de Ordenamiento Territorial con participación ciudadana, que trataría de conjugar los intereses económicos, comunitarios y medioambientales. El Plan Nacional de Energía se presentaría como un corolario obligado.
Los cinco macropuntos serían las reformas a fondo, el programa económico, protección y oportunidades, descentralización, territorio y desarrollo y derechos ciudadanos, que incluyen las minorías sexuales como también pueblos indígenas, programa económico, salud, cultura, deporte, agricultura, medio ambiente, energía, transporte y telecomunicaciones, defensa, relaciones exteriores. Manifiesta la necesidad de debatir sobre matrimonio igualitario y la despenalización del aborto, propugnando los derechos humanos, superación de la pobreza, equidad de género, infancia y jóvenes, discapacidad y adultos mayores.
El fundamento crítico del programa 
Los cuestionamientos han surgido desde diversos sectores, entre ellos y con fuerza por miembros de la Alianza quienes, admitiendo relativamente los escasos avances de su candidata y el riesgo de no obtener un éxito binominal (el poder de veto a los proyectos de ley), saben que se podría modificar la Constitución cambiando el modelo más allá del mercado, propiciar el aumento de la influencia estatal, con un supuesto crecimiento económico más bajo y una postergación en el cumplimiento de las aspiraciones de los que han quedado atrás en el reparto social paternalista, en suma, la acentuación de los conflictos. La tendencia que marcan las encuestas, especialmente al saber que su candidata, Evelyn Matthei, perdería por un amplio margen, ha dado origen una campaña mediática acusando a Michelle Bachelet de crear riesgos a la estabilidad institucional, estimular valores en contra de la familia y la vida, producir grave impacto en empleo (antipymes) y debilitar la democracia por no aceptar la política de acuerdos.
En lo educacional atacaría la libertad de enseñanza puesto que «la prohibición efectiva del lucro» generaría el eventual cierre de 2.000 colegios y un universo de 780.000 estudiantes, fundamentalmente de estrato medio-bajo. En política, la eliminación del binominal, por el cual han mantenido el poder de veto a todas las reformas necesarias a Chile, los ha preocupado en exceso planteando que la eliminación de los quórums supramayoritarios y la reforma a la Constitución sería un claro hecho de imponerse por sobre las minorías y concentrar fuertemente la autoridad sin discusión, fomentando finalmente una democracia de carácter plebiscitario que se entendería que no ha funcionado donde ha sido aplicada. En esencia, provocaría una contracción en el empleo (por ende, desempleo), impidiendo el crecimiento del país.
Desde los sectores estudiantiles y de izquierda no vinculados a la Nueva Mayoría también hay serios reparos al programa presidencial insistiendo en la necesidad del protagonismo discente, de trabajadores y la ciudadanía, los cuales quedarían descartados de la participación activa en la dirección del Estado.
Se plantea que en educación no se pone final al lucro en todo el sistema educativo pues aclara que quien no reciba fondos públicos podrá seguir lucrando. En cuanto a la Asamblea Constituyente no se menciona esta ni el mecanismo para elaborar la nueva Carta Fundamental, excepto que será por cauces parlamentarios. Dado que solo el presidente puede llamar a plebiscito, siempre y cuando exista aprobación mínima del 60% por el Parlamento (art.128 de la C.N.), se hace imprescindible la movilización popular que conduzca a presionar al Ejecutivo o Legislativo por la Asamblea Constituyente. Lo más delicado es que el binominal, sistema por el cual si una lista no supera el 60% da paso al otro candidato de lista perdedora (ley 18.700, Artículo 109bis), no ha sido aún propuesto para erradicarlo prontamente, síntoma de una política de ‘acuerdos’.
Se exige que se legisle sobre derechos humanos (tocando la ley antiterrorista), en política exterior soberana y de integración latinoamericana, vivienda, cultura, medios de comunicación democráticos, recuperación de los recursos naturales, reforma tributaria realmente justa donde la banca y grandes empresas sí paguen sus impuestos realmente y la protección de la biodiversidad.
Una fuerte argumentación contraria es aquella que tiene relación con el sistema de pensiones. Si se va a regir por el mismo decreto que creó las AFP privadas y aunque no cobre por mantención, es la misma lógica: la capitalización individual, es decir, la pensión corresponderá a lo que se logre acumular en la vida útil laboralmente, decisión de vida incierta. En cuanto a las pensiones de jubilación y la salud, la propuesta lógica que manifiestan es que el Estado asuma esa responsabilidad y que la empresa privada ofrezca el servicio bajo sus propios criterios de rentabilidad. Obviamente que el ciudadano tendría la oportunidad de afiliarse a un sistema seguro o a otro que le ofrece menos y sin certeza pues depende de las ‘crisis internacionales’. La alternativa es un seguro universal a cargo exclusivamente de Fonasa (público), implicando que un volumen importante de recursos que alimentaba al sistema Isapre (las cotizaciones obligatorias al sector privado) ya no estaría más disponible para el mismo.
Estos sectores populares han propuesto que exista un Sistema de Pensiones en forma de reparto solidario, basado en el aporte tripartito de trabajadores, Estado y empresarios, que financie pensiones mínimas de 300.000 pesos dejando a las AFP en su rubro natural de mercado y liberando a los afiliados a elegir el sistema público de reparto o de capitalización individual. Lograr garantizar un 70% del salario del trabajador es vital y los recursos e inteligencia para la gestión rentable existen en Chile. De igual modo, exigir a las AFP actuales que respondan por las promesas de entregar el 70% y por las ‘pérdidas’ que no son tales, a partir desde el inicio del nuevo Gobierno puesto que sus ganancias acumuladas así lo permiten. El Estado solo financiaría lo público.
Naturalmente las objeciones son amplias y se resumen en propender por una democracia real, de beneficio social no paternal que haga de la soberanía el elemento directivo de la gestión estatal para construir la nación. La Asamblea Constituyente es un puntal esencial en este proyecto popular.
Propuestas para enriquecer el programa  
Los candidatos presidenciales alternativos han expuesto consistentes críticas e ideas renovadoras, esbozadas anteriormente también, entre las que destacan que el principio de la diversidad quedó suspendido ‘hasta nueva orden’, la ley antiterrorista que ha atemorizado a las comunidades originarias y a la sociedad (pues no existe terrorismo en Chile) tiene que desaparecer, el binominal deberá ser cambiado de inmediato.
La Asamblea Constituyente juega un papel fundamental para legalizar las modificaciones, precisando que la diferencia entre una nueva Constitución y la Asamblea Constituyente no es solo de forma sino de esencia: en la primera se apela al parlamento y no se sabe qué ocurre si las fuerzas que obstaculizan los cambios se oponen; la segunda implica preguntar al pueblo si desea cambiar la constitución actual y hacerlo por mandato popular.
Parece haber un temor inmenso a tocar el rol de los bancos, operadores directos del modelo imperante, especialmente al ser avalado por el gigante financiero JP Morgan, quien ha manifestado que el programa contiene «muchas ideas pro mercado». Cifras conservadoras manifiestan que sus ganancias de este año superan cerca del billón y medio de pesos. Entre los puntos básicos hay dos a mencionar: el TLC y la Alianza del Pacífico tendrán que ser revisados con un espíritu de complementariedad tan necesario a la economía y la política exterior y, si la Educación fue prácticamente gratuita hace 40 años en un país considerado pobre: ¿por qué no ahora si se es parte de la OCDE? Refundar el país, renacionalizar el cobre, eliminar las deudas estudiantiles, familiares y de las pymes (argumentando que si a la banca o empresas poderosas se lo ha hecho con el presupuesto estatal, por qué no a todos), son puntos interesantes. Establecer la salud pública, gratuita y universal es un axioma.
Hipótesis, escenarios y posibilidades ¿Qué pasará ahora? 
La función del periodismo investigativo es adelantarse a los hechos para visualizar efectos que puede tener un fenómeno; en este sentido, se pueden establecer nuevos escenarios ligados a hipótesis sociales que juegan claramente como elementos analíticos.
1. En cuanto a las reformas que plantea la N.M., parece ser que todo el peso está puesto en obtener una mayoría en el Congreso a través de las elecciones parlamentarias, lo que le permitiría cambiar el sistema binominal perverso y comenzar las modificaciones presentadas. Sin embargo, esta primera hipótesis está sujeta a ganar con amplia ventaja y, luego, que toda la N.M. desee hacer la reestructuración convenida. Ello podría implicar diferencias radicales al interior de esta agrupación que tendrían que ser solventadas con fundamentos de alta trascendencia si se desea avanzar.
2. Michelle Bachelet estará sujeta a una tensión entre grupos económicos que también respaldan su candidatura y sectores progresistas que desean reformas profundas. Si se afecta a los bancos en sus ganancias enormes, al igual que las empresas mineras u otras de ‘retail’, o básicamente a las AFP, se provocará una reacción importante de analizar. En caso de no tocar estas instituciones se estimulará una reacción adversa del pensamiento democratizador.
3. En cuanto a la Asamblea Constituyente, todo infiere que se habrá de crear el hecho político para que haya una reforma constitucional que abra la convocatoria, que supere el binominal y establezca nuevas condiciones para la votación y los candidatos (como, por ejemplo, abstenerse de cargos públicos durante diez años si es elegido). Las reformas, teniendo mayoría, tendrían que ser radicales para obviar el proceso constituyente.
4. En un mundo donde las hipótesis pueden ser tendencias ocultas pese a su exposición pública (por ejemplo, conociendo que no pasará nada con el espionaje de Estados Unidos a naciones europeas ya que son Gobiernos súbditos o la existencia de contactos sagaces para que no se materialice realmente la Conferencia Ginebra 2), también existe un espacio para las dudas racionales. En este sentido, se podría apostar a que las movilizaciones en Chile, iniciando desde marzo o abril, tendrían un detonante en invierno o en octubre de 2014 si no se realizan los cambios obligados que la sociedad reclama con urgencia. Esta hipótesis será así a no ser que el pueblo chileno tenga una resistencia a la flagelación muy alta.
5. Los sectores transnacionales se encuentran en un dilema al igual que la banca integrada: saber hasta qué punto la candidata tendrá la intención o podrá proteger las inmensas riquezas de las que disponen y garantizar su acumulación aún mayor durante este tiempo. Sin embargo, ya se están moviendo rápidamente para concertar nuevas alianzas, amarres, movilizando capitales e influencias. Internamente, y relacionado con lo anterior, las élites están jugando a dos bandas para seguir en el poder, situación que debilita las propuestas transformadoras y debe avizorarse a tiempo.
6. En caso de darse modificaciones profundas que se han planteado como exigencias sociales, no puede descartarse una reacción de la derecha, quien utilizaría todos sus recursos mediáticos (ya que con base en la ‘libertad de prensa’ controla prácticamente casi todo el espectro comunicacional del país), para crear nuevamente la teoría de la angustia y desesperación por el ‘desorden nacional’. Lo delicado son los hábitos oscuros, en la invisibilidad de las relaciones con el extranjero, con el fin de desestabilizar el país, en los que se posee amplia experiencia.
7. El interrogante respecto a Michelle Bachelet, quien asumió una gran responsabilidad al presentarse a la primera magistratura de la nación, es si tendrá la valentía para encauzar los cambios o se someterá a presiones reaccionarias. Un sector importante confía plenamente en que realizará los cambios prometidos y otro desconfía en diversos grados de su consecuencia. Luego de obtenido el triunfo se sabrá la dirección exacta.
Se piensa, con sabiduría, que solo existe un camino: humanización y democratización de la sociedad entera, es decir, un Estado con deberes para los ciudadanos y responsabilidad con la Administración integral, lo que comprende los recursos naturales. Tendrá que ser un Gobierno para la autodeterminación, tan necesaria y riesgosa frente a un patrón norteño que usa artimañas para despojar a las naciones de su belleza patria.
Cuando las últimas encuestas manifiestan que el grado de confianza en los partidos políticos ubica a Chile en el penúltimo lugar en América Latina, si el nuevo Gobierno sigue el modelo neoliberal sin hacer verdaderas transformaciones, se considera que la movilización será dura e influirá en la sociedad de modo drástico. De la rapidez de las decisiones y la claridad soberana en las mismas provendrá la energía social que provocarán estas medidas. De su abstención hacia la democratización exigida con urgencia provendrá una acción con fuerte voz.
Los chilenos con conciencia de patria confían en los nuevos vientos del sur, cálidos y venturosos para los pueblos, fríos para los subsidiarios, teniendo la convicción que vendrán nuevos tiempos donde tendrá que instalarse la Era de la Humanidad como producto de un proceso donde las vendas han caído para edificar la sociedad del presente en equidad.
– El autor, carlos Santa María, es analista internacional